arrenta alquiler

PRESENTAMOS LOS EFECTOS DEL REAL DECRETO DEL ALQUILER PARA EL SECTOR

La División de empresa de Oak Power PR, junto a su cliente ARRENTA Quarto Pilar, acaba de presentar un análisis del sector del alquiler tras la reciente aprobación del Real Decreto que regula el mismo y del que se extrae que los Seguros de Impago se confirman como la principal garantía del cobro de la renta. La razón es que en la nueva situación se limita a dos meses la garantía adicional a la fianza que se puede solicitar a los inquilinos por lo que solo los Seguros de Impago de alquiler garantizan el cobro en caso de incumplimiento de forma prácticamente inmediata.

A la reducción de garantías además hay que sumar que se amplía nuevamente el plazo de duración de los contratos de arrendamiento de vivienda de tres a cinco años, y a siete años si el arrendador se tratase de una persona jurídica. Previamente, la duración de estos era de 3 años, sin establecer plazo específico para personas jurídicas.

Nuestro cliente ARRENTA QP aclara que la nueva normativa implementa modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que carecen de carácter retroactivo, entre las que también destacan:  

Se incrementa el plazo de antelación o preaviso necesario de las partes para comunicar la voluntad de no renovar el contrato hasta cuatro meses para el arrendador y dos para el arrendatario. Anteriormente era de 30 días para ambas partes.

El arrendatario no verá terminado su contrato antes de su vencimiento, cuando se produzca la venta de la vivienda o se haya ejercido la enajenación forzosa por ejecución hipotecaria.  

La actualización de la renta nunca podrá ser superior al IPC anual y no hay elevación de rentas por obras de mejoras en los primeros cinco o siete años.
Durante la duración obligada del contrato no habrá actualización de fianza y solo cabe en la prórroga de contrato si está pactado.

El arrendador, si es persona jurídica, deberá hacerse cargo de los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato, salvo en aquellos gastos en los que haya incurrido el arrendatario por iniciativa propia.